Lunes 24 de Julio 2017

Riachuelo: Comunicado del Cuerpo Colegiado a ocho años del fallo de la Corte

Hace un año, en ocasión del 7mo aniversario del fallo de la Corte en el caso "Riachuelo", el Cuerpo Colegiado coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de “Vecinos de la Boca", el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Greenpeace Argentina, advirtieron sobre el amesetamiento de las acciones tendientes a cumplir con la orden de la Corte de recomponer el ambiente de la Cuenca, mejorar la calidad de vida y prevenir el daño ambiental.

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 Al día de hoy, luego del proceso electoral y la asunción de las nuevas autoridades la situación del Riachuelo no ha variado sustancialmente.

Esta semana, ACUMAR, en representación del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, deberá presentar, por exigencia judicial, una actualización del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca, que data del año 2010.

En reiteradas oportunidades el Cuerpo Colegiado había reclamado la necesidad de contar con un verdadero Plan Integral que refleje un amplio acuerdo sobre una política de Estado para recomponer el Ambiente de esta cuenca ambientalmente degradada y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida y garantizar la salud de sus hoy 6.000.000 de habitantes.

Esa propuesta integral y los amplios acuerdos necesarios para llevarla adelante no se ha concretado.

La Autoridad de Cuenca presentó un programa de acción para el  corto plazo que, de implementarse adecuadamente, propone numerosas líneas de acción promisorias. Entre ellas, medidas positivas para el control de dos de las fuentes de contaminación del agua, las industrias de la cuenca,  la falta de tratamiento adecuado de los líquidos cloacales y la expansión de las redes de saneamiento.

Resta, sin embargo, tomar decisiones acerca de los objetivos de largo plazo con un sentido estratégico, que permitan coordinar los esfuerzos de los numerosos actores de la Cuenca y abordar otras fuentes de contaminación del agua, el aire y el suelo.

El Cuerpo Colegiado estima que, tras ocho años del fallo de la Corte, una política de Estado para el Riachuelo debería definir en el corto plazo y de modo participativo:

  1. Un diagnóstico  detallado de la situación actual de la Cuenca y sus respectivas subcuencas, incluyendo un mapa de riesgo ambiental.

  2. Objetivos de recomposición ambiental para el largo plazo y un cronograma progresivo para alcanzarlos.

  3. Una política de control de todas las fuentes de contaminación que apunte a lograr un buen estado ecológico de las respectivas sub-cuencas.

  4. El compromiso de alcanzar a la totalidad de la población de la Cuenca con servicios de agua, cloaca y tratamiento de efluentes compatible con el objetivo de recomposición ambiental.

  5. Un sistema de información  ambiental y control que permita evaluar los resultados.

  6. Acuerdos y mecanismos de gobernabilidad  para la gestión ambiental y para ordenar  la ocupación del territorio de la Cuenca.

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