Jueves 27 de Abril 2017

Que el protocolo para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad se promueva en todo el país

Desde el Defensor del Pueblo de la Nación, queremos promover un cambio de actitud, un cambio cultural que tenga como objetivo la remoción de todo tipo de barreras que aún hoy persisten y obstaculizan el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.

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Por eso consideramos relevante que se adapte en todos los ámbitos jurisdiccionales, policiales y penitenciarios del país, el “Protocolo de Trato Adecuado en Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad” elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en su relación con la Administración de Justicia (ADAJUS), la Defensoría General de la Nación (DGN) y el Ministerio Público Fiscal de la CABA.

Dicho protocolo fue creado con el objetivo de lograr el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia sobre las barreras que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

El mismo contiene una serie de recomendaciones prácticas que pueden servir de guía para jueces, fiscales, defensores, otros operadores de justicia y personal auxiliar de la administración de justicia, cuyo objetivo central es brindar recomendaciones y orientaciones prácticas acerca del trato que debe procurarse a las personas con discapacidad.

La adopción de esta guía en todas las jurisdicciones –de concretarse- representará un verdadero avance en el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ya que promueve la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de Justicia, incluído el personal policial y penitenciario.

Asimismo, con el fin de promover esta acción en todas las jurisdicciones del país, pusimos en conocimiento de lo actuado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad de la Nación, así como a los tribunales superiores y a los gobiernos de todas las provincias en las cuales no se ha adoptado el protocolo como política institucional.

Para finalizar, recordemos que en el prólogo de dicho Protocolo se afirma que: “El actual enfoque de las personas con discapacidad, como sujetos de derecho, implica la sumatoria de tres aspectos configurativos: deficiencia que puede presentar una persona, su interacción con diversas barreras y sus restricciones a la participación. En la actualidad, el acento no se coloca en la deficiencia de la persona. La interacción con barreras será un factor crucial en cuanto a eliminación de obstáculos y también implica la adopción de medidas que posibilitan el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido el entorno y los factores contextuales positivos serán decisivos para el impacto deseado, en términos de participación plena y efectiva en la sociedad. Dicha participación será medible en referentes del efectivo goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad”.

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