Jueves 30 de Marzo 2017

Denuncian limitaciones para acceder a la asignación universal por hijo

El Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN Carlos Haquim, pidió informes a la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) ante denuncias por limitaciones en la normativa para acceder a la Asignación Universal por Hijo.

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Puntualmente se cuestiona los alcances del artículo 5° de la Resolución Nº 393/2009 de la ANSES en cuanto prevé que “para acceder a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, el titular y el niño, adolescente y/o persona discapacitada deberán residir en la República Argentina, ser argentinos, nativos o naturalizados, o con residencia legal en el país no inferior a tres años previos a la solicitud”.

Un particular planteó ante el Defensor del Pueblo que tal exigencia “implica un uso restringido de la noción de ciudadanía, que repercute en criterios y políticas excluyentes para los migrantes, generado privilegios y discriminación, en contraposición con el criterio de universalidad e igualdad que debería aplicarse a fin de garantizar derechos fundamentales”.

Consecuentemente y en concordancia con los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución sobre la protección de migrantes, se cursó un pedido de Informes a la ANSES a efectos de que precise si registra reclamos ante esta negativa. Asimismo, se amerita la posibilidad de revisión de los términos del referido artículo, en cuanto prevé un trato diferenciado entre los nacionales y extranjeros para acceder al derecho.

La Defensoría del Pueblo considera que es imprescindible que esta Asignación sea universal, ya que su fin trascendente es asegurar el pleno desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes, evitando condicionamientos que impida el acceso al beneficio en trato de sectores sociales vulnerables, debiendo prevalecer un criterio solidario, tendiente a lograr el amparo de niños humildes beneficiarios del mentado derecho.

Tal consideración se fundamenta en la situación socio-económica, la condición de vulnerabilidad social en que se encuentre el niño, la niña y/o adolescente, los fundamentos del Decreto Nº 1602/09, así como los principios de no discriminación, del interés superior del niño y de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Convención sobre los Derechos del Niño).

 

 

 

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