Lunes 27 de Marzo 2017

Piden respetar los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la localidad de Maimará, Jujuy

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy a ejecutar en forma prioritaria el relevamiento técnico–jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por la Comunidad Maymaraes, en la provincia de Jujuy, y conformar un espacio de diálogo entre las Comunidades vecinas para evitar inconvenientes en la adjudicación de tierra fiscal rural.

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MaymaraesEn junio de 2014, representantes Maymaraes denunciaron ante la Defensoría nacional que su Comunidad aún no había sido alcanzada por el relevamiento del territorio comunitario dispuesto por la Ley Nº 26.160, cuya ejecución se encuentra en cabeza del INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy. Además, explicaron que no habían sido informados acerca de la fecha en la que se realizaría la misma; y que la Comunidad no se encontraba incluida en el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (PRIPCI).

Esta circunstancia empeora los conflictos suscitados entre su Comunidad y las vecinas Comunidades Maimará y Totorayoc, dado que ambas cuentan con un relevamiento ya casi en vías de conclusión. La situación se agrava si se tiene en cuenta que los territorios de estas últimas, se superponen con una parte del territorio tradicional de la Comunidad Maymaraes aún no relevado.

Por ello, se cursaron pedidos de informes al INAI y a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy a fin de establecer la verosimilitud de los hechos denunciados y la existencia de una violación a los derechos de la Comunidad Maymaraes.

En su respuesta, el INAI expuso que si bien las tareas previstas en aquellos convenios permitieron relevar 160 Comunidades, no alcanzaron a la totalidad de las Comunidades indígenas de la Provincia, por lo cual “se encuentra en evaluación la celebración de un nuevo convenio que atienda el relevamiento de las comunidades pendientes”, sin indicar un plazo, al menos tentativo.

La Defensoría nacional considera que, como contracara del derecho de la Comunidad Maymaraes a ser relevada, es deber del Estado efectuar el relevamiento, pues si los límites del territorio no han sido efectivamente delimitados, y posteriormente titulados, se mantiene a la Comunidad en una situación de incertidumbre y de desprotección frente al accionar o la pretensión de terceros. La demora injustificada del Estado en demarcar el territorio comunitario constituye una violación a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La existencia de conflictos territoriales entre las Comunidades Maymaraes, Maimará y Totorayoc, que incluyen denuncias de usurpación y desalojo, no sólo torna irrazonable e injustificable la demora estatal para la demarcación de su territorio, sino que obligan al INAI y a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy a priorizar su ejecución.

La demarcación (y titulación) de los territorios constituye un instituto ajeno a la tradición y cultura de los Pueblos Indígenas, cuya finalidad es la de proteger sus territorios de conformidad con el derecho positivo hegemónico. Sin embargo, en el caso examinado, la delimitación realizada por el Estado podría cumplir una función opuesta, ya que el mecanismo se traduciría en la pérdida del territorio de una Comunidad.

Así, la Defensoría del Pueblo de la Nación advierte que se la demarcación del territorio de dos comunidades en desmedro de los derechos de la Comunidad Maymaraes, coloca ésta en una situación de desigualdad y debilidad frente a las primeras, es por este motivo que resulta sumamente necesaria la participación de los miembros de todas las comunidades involucradas en el conflicto.

Por todo lo expuesto, se exhortó que el INAI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy conformen un espacio de diálogo entre las Comunidades involucradas para posibilitar la identificación de los territorios en disputa, brindando la asistencia necesaria para que resuelvan sus disputas en forma libre y autónoma, respetando su costumbre  e instituciones representativas.

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