Martes 25 de Julio 2017

El Defensor del Pueblo de la Nación pidió que se cumpla la participación ciudadana en temas petroleros de Allen

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a la Secretaría de Ambiente y  Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, a instrumentar los mecanismos de participación ciudadana exigidos en la Ley General del Ambiente para todas aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente y en particular, en todo proyecto de explotación de hidrocarburos no convencionales.

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Además, exhortó a la Legislatura rionegrina para que adecúe la legislación provincial referida a lo ambiental a las disposiciones y principios establecidos en la Ley Nº 25.675 (Ley General del Ambiente), a la vez que puso en conocimiento de dicha resolución al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, autoridad de aplicación de la Ley y del Ministerio de Energía y Minería, responsable de la planificación del sector energético.

Vecinos de la zona solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la presunta afectación de derechos colectivos por la explotación de hidrocarburos no convencionales en la ciudad de Allen, ubicada de la zona frutícola del Alto Valle del Río Negro.

Denunciaron el aumento de incidentes en los pozos, que se manifiestan a través de explosiones, venteos de gases y derrame de petróleo crudo, lo cual es de alto impacto ambiental, y pone en riesgo la salud de los habitantes y la producción frutícola.

Cabe recordar que Allen, con más de 6100 hectáreas de cultivo de peras y manzanas, está asentada sobre el yacimiento Lajas, en el cual se ha detectado tight gas o gas de arsénicas, por lo que actualmente la explotación de hidrocarburos comparte el terreno con la fruticultura, generando resistencias y conflictos en diferentes sectores de la sociedad.

Así, el yacimiento Estación Fernández Oro (EFO), lindero a la ciudad de Allen, es el de mayor producción gasífera de la provincia de Río Negro y representa aproximadamente el 50% de la producción de gas rionegrino. Desde 2006, cuando la empresa estadounidense Apache adquirió la concesión de ese yacimiento, la actividad hidrocarburífera se intensificó y en el 2010, se inició la explotación de tight gas.

Recordemos que La Ley General del Ambiente -vigente en todo el territorio nacional-, establece en su artículo 19 el derecho de toda persona a opinar en los procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, mientras que en su artículo 20 dispone claramente el deber de todas las autoridades públicas de implementar instancias obligatorias de consulta, previas a la autorización de actividades que puedan generar impactos negativos en el ambiente. Asimismo, el artículo 21 establece que se debe garantizar la participación ciudadana.

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