Lunes 24 de Julio 2017

Semana de los Pueblos Indígenas

El 19 de abril se llamó el día del “Indio Americano” en conmemoración de la Convención Internacional de Patzcuaro (México) en el año 1940. Esa Convención constituyó el primer instrumento en materia de derechos indígenas en la región, el primer esfuerzo continental en la materia y creó el Instituto Indigenista Interamericano.

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Si bien sus postulados quedan hoy alejados de los conceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, sin dudas la Convención fue la piedra inicial de una serie de instrumentos internacionales que irían reconociendo derechos e impulsando reformas legislativas al interior de los Estados.

Desde 1994, con la incorporación del Art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional,  nuestro país ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas al Estado argentino, entre otros derechos.

Este hecho, sumado a la ratificación del Convenio 169 de la OIT (Ley Nº 24.071), la firma de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y a los importantes cambios que ello produjo en la legislación y las instituciones nacionales y provinciales, definen la forma en que el Estado debe relacionarse con los Pueblos.

Sin embargo, después de varios años de vigencia de estos derechos, los desafíos en la aplicación siguen siendo importantes. Desde el trabajo llevado adelante en la Defensoría del Pueblo de la Nación se advierte que aún queda mucho por hacer en materia de derechos territoriales, de inscripción de personería jurídica, de ejercicio del derecho a la Participación y la Consulta, de acceso a la justicia y de la garantía de los derechos económicos sociales y culturales.

Los pueblos indígenas siguen sufriendo exclusiones en el ejercicio de los derechos reconocidos: exclusión social, económica, territorial, educativa, cultural, etc. y, si bien la conmemoración de fechas significativas no aseguran una mejora de dichas situaciones, sin dudas, contribuye a alertar a los poderes públicos sobre sus obligaciones y compromisos pendientes en materia de derechos.

 

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