Martes 25 de Julio 2017

La Defensoría del Pueblo de la Nación pide se reglamente la Ley que crea una tarifa especifica para entidades de bien público

La Defensoría del Pueblo de la Nación, promovió en abril de 2016 una actuación de oficio ante la falta de reglamentación de la Ley Nº 27.218. A través de la ley se instituyó un Régimen Tarifario Específico de servicios públicos para Entidades de Bien Público.

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 En la referida norma se definió un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, sujetos del Régimen Tarifario Específico, en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos, destacándose que ese tratamiento particular obedeció a la naturaleza específica de esas personas jurídicas que no Persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común.

Según la Ley, el Régimen Tarifario supone el cobro de una tarifa, por parte de los prestadores de servicios públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro tarifario respectivo de la categoría “entidad de bien público”. Los servicios alcanzados por la ley resultan ser: agua potable y desagües cloacales; electricidad; gas natural y telefonía.

El beneficio que trae aparejado el Régimen Tarifario Específico es que se establece como tope máximo en la facturación, la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales en cada servicio.

Es importante destacar que dentro de esta categoría, pueden incluirse a los clubes de barrio, sociedades de fomento, centros de jubilados, etc., los que se encuentran atravesando una delicada situación económica e imposibilitados de solventar los incrementos tarifarios en los servicios de gas y electricidad.

Así las cosas, se cursaron pedidos de informes al Ministerio de Energía y Minería de la Nación y al Ministerio de Comunicaciones de la Nación a fin de que informen si se estaba elaborando la reglamentación de la Ley Nº 27.218.

Atento la falta de respuesta, por medio de la Resolución DP Nº 31/16, se exhortó a los referidos Ministerios que dispongan las medidas que resulten necesarias a efectos de que, de inmediato atento la gravedad de la situación que hoy se plantea, se reglamente la ley N° 27.218 en lo que a los servicios les corresponda.

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