Martes 22 de Agosto 2017

La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en la Audiencia Pública del Agua

La Defensoría del Pueblo de la Nación comenzó expresando su satisfacción por la celebración de la Audiencia Pública convocada ante la propuesta que la empresa AySA elevase a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la noción misma de República.

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Pero además, “Solicitamos una revisión del Marco Regulatorio, de manera tal de establecer la obligatoriedad de su realización en forma previa a cualquier modificación tarifaria, conforme se desprende de los principios republicanos y la doctrina sostenida por nuestro máximo Tribunal”, destacó la Dra. Mariana Grosso, Jefa del Area de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría.

Recordó que por Disposición Nº 62/16 se modificó el valor del coeficiente “K” a cuenta de la Revisión Tarifaria prevista en el Marco Regulatorio; se aprobó el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (lo que introdujo modificaciones en la facturación del servicio), y se ratificó el funcionamiento (en el ámbito del ERAS) del Programa de Tarifa Social.

Con relación a las modificaciones propuestas por AySA sobre el Reglamento de Tarifa Social, la Defensoría consideró que la Subsecretaría de Recursos Hídricos debe realizar un profundo análisis de las mismas, de manera tal de corroborar que con las modificaciones propuestas no se perjudican a los usuarios que cuentan actualmente con el beneficio como aquellos que en el futuro necesiten incorporarse.

Es que, si bien ponderamos que el Régimen de Tarifa Social del servicio de agua resulta ser el más inclusivo, la problemática observada por esta Institución está relacionada con aquellos beneficiarios que habitan en edificios en propiedad horizontal y a los cuales la empresa factura indiscriminadamente de manera global.

Al respecto, la Defensoría Nacional insistió: “Debe imponerse un Régimen Tarifario que contenga tarifas justas y razonables; con incentivos para racionalizar el uso del agua. Consideramos que deben acelerarse todos los procesos para que efectivamente se pague por lo que se consume, asegurando que los usuarios puedan acceder al sistema medido, ya sea subsidiando el costo de instalación o bien otorgando facilidades para su pago”.

Todo ello, en consonancia con la Resolución A/RES/64/292 de las Naciones Unidas la cual reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los Derechos Humanos.

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