Miércoles 26 de Abril 2017

Promover el protocolo del Ministro Julio Alak para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo de la Nación, por medio de su Secretario General, CPN Carlos Haquim, consideró relevante que se adapte en los ámbitos jurisdiccionales, policiales y penitenciarios de todo el país el “Protocolo de Trato Adecuado en Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad” elaborado por el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en su relación con la Administración de Justicia (ADAJUS), la Defensoría General de la Nación (DGN) y el Ministerio Público Fiscal de la CABA.

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Dicho protocolo tiene como objetivo lograr el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia sobre las barreras que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

El mismo contiene una serie de recomendaciones prácticas que pueden servir de guía para los operadores de justicia, con el fin de remover las barreras actitudinales y socioculturales, mejorando de esta forma el servicio de justicia.

La adopción de esta guía –de concretarse- representará un verdadero avance en el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ya que promueve la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de Justicia, incluído el personal policial y penitenciario.´

Asimismo, con el fin de promover esta acción en todas las jurisdicciones del país, se puso la resolución en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como de los tribunales superiores y los gobiernos de todas las provincias en las cuales no se ha adoptado el protocolo como política institucional.

La resolución del Defensor del Pueblo nacional viene así a promover un cambio de actitud y sociocultural, para la remoción de todo tipo de barreras que hoy persisten y que impiden u obstaculizan el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad.

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