Viernes 24 de Noviembre 2017

Opinión: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, dándonos la oportunidad de reflexionar acerca del grado de cumplimiento de sus derechos humanos y también de  promover una cultura para la igualdad de oportunidades.

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Nuestro sistema de derecho cuenta con una herramienta excepcional que debe ser destacada y difundida, pues el conocimiento acerca de la misma es lo que permite a las personas su utilización para el ejercicio de los derechos allí reconocidos. Se trata de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual – por Ley Nº 27.044- ha sido atribuida de jerarquía constitucional.

 

Vale la pena destacar que la Convención plasma un catálogo de derechos específicos reconocidos a las personas con discapacidad.  Derechos que no son una mera repetición de otros ya contenidos en instrumentos más generales. 

Pero el aspecto fundamental que pretendemos destacar es la adopción del modelo social como eje paradigmático del sistema jurídico instituido, el cual considera las causas de la discapacidad como, prepónderantemente, sociales.

En el mismo sentido, la Convención parte de la premisa de que las personas con discapacidad son capaces de aportar a las necesidades de la comunidad en igual medida que el resto de personas y, con el fin de evitar barreras, exige que el Estado y la sociedad hagan las adaptaciones necesarias.

Cierto es que las barreras de acceso a los derechos humanos que impiden el ejercicio pleno de la dignidad y la autonomía de las  personas con discapacidad, continúan en alto grado vigentes. No hace falta extendernos, sino solo hacer mención a ejemplos tales como las  barreras arquitectónicas, las dificultades de acceso al trabajo decente o las deficiencias aún persistentes del sistema de seguridad social.

Sin embargo, el otorgamiento de jerarquía constitucional que nuestro país ha brindado a la Convención, lo posiciona ideológica y jurídicamente como garante de los derechos de las personas con discapacidad, asumiendo que su cumplimiento es una prioridad de la agenda del Estado.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, fortalecemos el compromiso de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad como línea esencial de nuestra labor, lo cual ha derivado en la creación de una oficina especializada en la  temática.

También sigue el mismo concepto la adopción del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esta Defensoría ha creado para colaborar con las autoridades públicas de nuestro país y con la Organización de las Naciones Unidas, en la ejecución y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).

En el marco de este programa trabajamos el ODS 4. Meta 4. a) (Construcción y adecuación de las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de las personas con dscapacidad); el ODS 4. Meta.5 (Acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional); y el ODS 8. Meta 5 (Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor).

 

Resta agregar que la labor desarrollada se basa en la decisión de hacer de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad una herramienta cotidiana de nuestro trabajo institucional.

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